El Congreso del Estado de Yucatán ha dado un paso decisivo hacia la eficiencia administrativa con la aprobación de una reforma constitucional y legal de gran calado, que busca transformar la manera en que operan tanto los ayuntamientos como el Poder Legislativo. El dictamen, aprobado en el marco del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, responde a una demanda ciudadana de racionalización del gasto público y cero privilegios para la clase política.
El cambio más notable ocurrirá en los cabildos a partir del proceso electoral 2026-2027. La nueva normativa establece una estructura jerarquizada por número de habitantes, limitando la integración de los ayuntamientos a un máximo de 15 regidurías para Mérida y reduciendo proporcionalmente las del resto de los municipios. Con esta medida, se busca una gestión más ágil, eliminando la sobrepoblación en los órganos de gobierno municipal y garantizando una mayor eficiencia en la toma de decisiones.
En el ámbito legislativo, la reforma introduce una disciplina presupuestaria sin precedentes: el presupuesto del Congreso no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, una medida que blinda los recursos públicos frente a gastos excesivos. Adicionalmente, se prohibió de forma explícita que cualquier servidor público perciba remuneraciones superiores a las del titular del Ejecutivo Federal, eliminando seguros, prestaciones o beneficios extraordinarios que anteriormente se consideraban privilegios injustificados. El objetivo final es claro: que los ahorros derivados de esta austeridad se redirijan a obras de infraestructura, servicios públicos y programas de bienestar para los yucatecos.
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