En una sesión marcada por la búsqueda de la regularidad constitucional y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó modificaciones al artículo 1 de su Constitución Política. Este movimiento legislativo da cumplimiento directo a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 274/2024, reafirmando la subordinación del marco jurídico estatal a los criterios federales y los tratados internacionales de derechos humanos.
La reforma, votada por unanimidad, consiste en la eliminación de una porción normativa que había sido declarada inconstitucional por el máximo tribunal del país. Con este ajuste, el Estado de Yucatán alinea su texto fundamental con el parámetro de control de regularidad constitucional, garantizando que el derecho a la vida de todo ser humano sea protegido de una manera que respete los criterios obligatorios del Poder Judicial de la Federación y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Más allá del cumplimiento formal de la sentencia, la reforma enfatiza la obligación del Estado de promover condiciones para el desarrollo integral de las personas bajo un enfoque de derechos humanos. Al adecuar su legislación, el Congreso de Yucatán envía un mensaje de apertura al diálogo jurisdiccional y reafirma que la supremacía constitucional es el eje rector que guía la creación de leyes en la entidad. Esta adecuación asegura que el orden jurídico yucateco sea sólido, coherente y, sobre todo, protector de los derechos de todos los ciudadanos, consolidando una cultura de legalidad y respeto a las resoluciones judiciales.
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