La reciente visita de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a Mérida ha puesto bajo los reflectores la pertinencia de la iniciativa presentada por el diputado Gaspar Armando Quintal Parra, la cual busca elevar a rango constitucional el derecho humano a la protesta social en el estado. Validación Internacional a una Propuesta en Marcha
La presencia de los delegados de la ONU en la capital yucateca, con el fin de documentar casos de represión y criminalización, coincide plenamente con los objetivos de la reforma planteada por el legislador del PRI. Esta coincidencia refuerza la urgencia de que el Congreso del Estado agilice el trámite de esta iniciativa, diseñada precisamente para evitar los abusos que hoy son motivo de observación internacional.
El diputado Quintal Parra señaló que la visita del organismo internacional es una señal clara de que Yucatán no puede seguir postergando un marco legal que proteja a los ciudadanos. «La ONU está escuchando las voces que nosotros ya plasmamos en esta iniciativa; su presencia valida que el camino que propusimos es el correcto para garantizar un estado democrático», afirmó.
Contexto de la Iniciativa Presentada
La propuesta, que ya se encuentra en el seno del Legislativo, surge tras una serie de incidentes críticos en la entidad:
Hostigamiento en Sitilpech: Casos de vigilancia y detenciones contra defensores del territorio.
Represión en el 8M y Protestas Magisteriales: El uso de gases y fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas durante el año 2025.
Estos mismos eventos han formado parte de la agenda de diálogo entre los representantes de la ONU y los colectivos locales en días recientes. Puntos Centrales de la Reforma Constitucional
La iniciativa busca blindar a la ciudadanía mediante la adición de párrafos al Artículo 1º de la Constitución del Estado:
- Garantía Constitucional: Reconocer el derecho a la protesta como una extensión de las libertades de expresión y reunión.
- Freno a la Criminalización: Establecer la prohibición de usar el sistema judicial para castigar a manifestantes pacíficos.
- Protocolos de Seguridad: Obligar a la Secretaría de Seguridad Pública a crear, en un máximo de 60 días tras la aprobación, protocolos de actuación basados en estándares internacionales que prohíban la dispersión violenta.
- Protección de Derechos: Asegurar un entorno seguro para periodistas y observadores de derechos humanos.
Un Llamado a la Congruencia
Ante la mirada de la comunidad internacional, el PRI Yucatán hace un llamado a las demás fuerzas políticas en el Congreso para avanzar en esta reforma. La coincidencia entre la visita de la ONU-DH y la propuesta presentada por Quintal Parra ofrece una oportunidad histórica para que Yucatán armonice sus leyes con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
«La mirada del mundo está sobre Yucatán. Aprobar esta iniciativa no es solo una necesidad política, es un compromiso ético con los derechos humanos que la ONU viene a vigilar», concluyó el legislador.
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