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Este martes se aprobó la inciaitiva para la autonomía de la Fiscalía General del Estado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado. En este sentido, el sector empresarial ha sido testigo de este inicio del debate y desde su trinchera, ha respaldado el proyecto de ley.
Uno de ellos fue el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Levy Abraham Macari. «Creo que era algo lógico y natural que tenía que suceder. En el estado estamos un poco rezagado en cuánto a este tema, hay otros estados que ya lo implementaron y para la certeza jurídica que estamos hablando, el hecho de mantener una fiscalía que no dependa en un cien por ciento del ejecutivo, yo creo que hace mucho sentido», dijo el empresario.
Abraham Macari opinó que ese cambio le brindaría certeza jurídica a la sociedad, incluso si el fiscal es elegido para que esté en el cargo en un periodo en el que no coincida precisamente con el jefe del ejecutivo. «Una fiscalía autónoma es que no depende de ninguna autoridad, en este caso se podría prestar a malas interpretaciones, no en este sexenio, en todos los anteriores, es que el Fiscal se pudiera ver influenciado por la decisión del gobernador, no en esta sino en todas las anteriores, al darle autonomía a la Fiscalía le garantiza su presupuesto, un tiempo determinado al Fiscal , insuso que se haga trans-sexenal para que no lo imponga una persona», remató Abraham Macari.

Sobre este tema también opinó Eduardo Alvarado Mujica, quien funge como vicepresidente de Ciberseguridad de la CANIETI Nacional, y quien hasta hace poco era el presidente de La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Delegación Yucatán. «Definitivamente es positivo todo este tipo de autoridades que puedan tener mayor independencia, la suficiente autonomía, que no tengan dependencia de otro poder, es mejor insitucionalmente y para nosotros en el estado», dijo el hombre de tecnología de informaciones
Con este proyecto de ley, que aún falta su aprobación en el pleno del Congreso, el fiscal tendría un periodo de 12 años en el cargo.

